La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) considera que el Real Decreto que prepara el Gobierno para incentivar la quema de carbón nacional en centrales térmicas podría provocar un sobrecoste total en caso de que se genere el máximo de energía previsto en la norma de 1.200 millones de euros. En su informe acerca del decreto, el organismo asegura además que la norma provocará "graves distorsiones" al sistema eléctrico y afectará al consumidor final, y recomienda al Gobierno que notifique a Bruselas el establecimiento de un precio fijo para las centrales térmicas con carbón autóctono con vistas a su acreditación como "ayuda compatible", ya que la medida podría ser considerada "ayuda de Estado".

Tras realizar estas consideraciones, concluye que el Gobierno debería "reconsiderar" el decreto, que provoca un "daño desproporcionado" a "la eficiencia de los mercados y sobre el consumidor", y que incluye medidas "injustificadas y extraordinariamente lesivas del bienestar general".

Además de aludir al sobrecoste de 1.200 millones a partir de sus propios cálculos, la CNC también hace propias las estimaciones de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), que reduce este importe a entre 700 y 800 millones. La CNE dijo que las tarifas de acceso -que representan en torno al 50% de la tarifa final- deberían subir en enero un 17,9% si se aplica el decreto, frente al 13,5% sin su aplicación.

La CNC calcula también que, si se hubiese aplicado hasta septiembre de 2009 el decreto, el aumento del coste de la generación eléctrica habría oscilado entre un 12,44% con precios de mercado de 50 euros por megavatio hora (MWh) y un 20,73% con precios de 30 euros por MWh.

De haberse aplicado el decreto en 2008 o en los nueve primeros meses de 2009, y al margen de "distorsiones" e "ineficiencias" adicionales, los costes eléctricos mayoristas habrían aumentado un 8% y un 16%, respectivamente, indica la CNC. Utilizando las fórmulas de la CNE, el incremento habría sido del 5% y del 5%.

Para Competencia, el decreto "distorsiona gravemente la toma de decisiones de los agentes económicos en la libre competencia y los mecanismos de organización de los mercados eléctricos en España", al tiempo que afecta a los mecanismos de formación de precios y provocará de forma "previsible" un "encarecimiento del precio de la electricidad en los mercados mayoristas".

Tras emitir esta consideración general, el organismo presidido por Luis Berenguer cita tres tipos diferentes de "distorsiones" provocadas por el Decreto. La primera se refiere a la formación de precios de mercado, que podría verse alterada con la entrada a precio fijo de las centrales de carbón nacional y por la salida de otras plantas de generación convencional, en un orden en función de su mayor emisión de CO2.

Las nueve centrales térmicas que quemen carbón nacional "incrementarán sus costes", puesto que el producto autóctono es más caro que el importado, al tiempo que el mercado diario verá "modificada" su "configuración actual" al "relegar el orden de mérito económico" a favor de un "orden de mérito de emisiones de CO2".

En suma, este desplazamiento de centrales producirá "un sobrecoste sobre el precio del mercado diario que será repercutido, en último término, a los consumidores finales". "No sólo altera el precio pagado por megavatio hora", sino que "también distorsiona el proceso de formación de precios en el pool eléctrico", señala.

La segunda "distorsión" identificada por la CNC alude a los costes del sistema. El decreto obligará a algunas centrales a vender energía "a pérdida", de modo que estas plantas podrían verse forzadas a incorporar este riesgo de "producción ineficiente" en sus ofertas al mercado.

La norma tampoco recoge "la totalidad del lucro cesante" de las centrales desplazadas, indica la CNC, que advierte de un posible incremento del gasto de gestión y almacenamiento de combustible, que "previsiblemente repercutirá en los precios finales de la energía". Es "preocupante" este encarecimiento "asimétrico", que afectará en mayor medida a agentes "más pequeños y nuevos entrantes", afirma.

La tercera "distorsión" se refiere a los incentivos a la inversión y al comportamiento estratégico de los agentes. "La introducción de un mayor grado de incertidumbre en los mercados energéticos desincentiva enormemente la realización y ejecución de las inversiones previstas en capacidad de generación", sostiene.

Las compañías, señalan, podrían optar por "un cierto poder de mercado para obtener un beneficio superior al competitivo, a costa de los consumidores o de los rivales en perjuicio único de los consumidores", añade la CNC, que alerta de posibles "subvenciones cruzadas" y de posibles "comportamientos abusivos".

En su informe, la CNC reflexiona además acerca de la utilización del término "carbón autóctono" como producto al que se dedican los incentivos del Real Decreto, y da por hecho que la expresión se refiere al carbón nacional, y no al carbón comunitario, como la Comisión Europea ha determinado en alguna ocasión.