La Coordinadora Estatal de Plataformas Contra la Incineración mantenía este pasado viernes en el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino (MARM) una entrevista con la Directora General de Calidad y Evaluación Ambiental y la Subdirectora general de Producción y Consumo Sostenibles.

La Coordinadora ha elaborado un dossier informativo de las autorizaciones otorgadas a las cementeras para utilizar residuos como combustible en Castilla La Mancha, Castilla y León y Cataluña, que "pone de manifiesto la fuerte oposición ciudadana a los proyectos autorizados, la falta de participación pública en su tramitación y, fundamentalmente, el manifiesto incumplimiento de la Ley de Residuos y de los diferentes Planes de Gestión".

Los representantes de las plataformas ciudadanas Toledo Aire Limpio, Montcada y Reixac, Bierzo Aire Limpio y del área de Residuos de Ecologistas en Acción pudieron constatar la "escasa coordinación" entre el Ministerio y las Comunidades Autónomas en la aplicación de sus respectivos planes de gestión de residuos. "Así, mientras por un lado el MARM afirmaba su voluntad de agotar las vías de prevención, reutilización y reciclaje de los residuos y de fijar criterios restrictivos con el sector cementero y las Comunidades Autónomas, por otro se sorprendía de los datos facilitados por los asistentes sobre las enormes cantidades de residuos autorizados a incinerar en cementeras que evidencian el incumplimiento de los planes y la nula voluntad política de fomentar la prevención, la reutilización y el reciclaje", apunta la Coordinadora.

Ante la noticia de que el MARM está negociando un "acuerdo voluntario" con el sector cementero, la Coordinadora Estatal de Plataformas Contra la Incineración ha exigido que dicho acuerdo "tenga en cuenta la jerarquía de gestión de residuos, a saber, prevención, reutilización, reciclaje y por último, incineración, y ha recordado que es el Ministerio de Industria el que vela por los intereses de la industria, y no el de Medio Ambiente".

La Coordinadora también ha demandado que la transposición de la Directiva Marco de Residuos a la legislación española establezca "limitaciones precisas a la coincineración de residuos en cementeras, que se articule una efectiva coordinación entre las distintas Administraciones y las CCAA y que se impongan controles eficaces para que las Autorizaciones Ambientales Integradas no puedan defraudar los Planes de Gestión de Residuos y que las cementeras no se conviertan en gestoras privadas de residuos, como sucede actualmente".