La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) confirma los argumentos de la empresa Narsil, S.L., y de su representante, Antonio Arias Tronco, empresario hostelero de Villablino, que denunció ante la Consejería de Medio Ambiente en 2004 "la ilegalidad de las actividades de la MSP en el monte protegido de El Feixolín".
 
Desde Ecourban Consultores, representantes legales de Narsil, se apunta que es una sentencia que "a pesar de que parezca reiterativa, es trascendental, sobre todo porque reacciona enérgicamente contra la inactividad de una Comunidad Autónoma, inactividad a pesar de las sentencias que ya ha dictado el propio TSJ y son firmes". Además, se añade que la sentencia incorpora "novedades":
 
1.- Se ordena a la Consejera de Medio Ambiente que clausure todas las actividades mineras de la MSP en el monte El Feixolín. Es ella la competente en virtud de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León. Como es notorio, la explotación continúa hoy, a pesar de que el plan de cierre que aprobó la Delegación de León, en claro fraude de las sentencias del TSJ, que ordenaron el cierre inmediato. El plan aprobado por la Delegación para el cierre, que ampara la explotación por la MSP con la excusa de la restauración, finalizó en julio pasado. Es decir, desde julio incumplen el propio plan de cierre y restauración. Y como siguen explotando, es imposible que restauren. Será ahora el TSJ el que controle el cierre.
 
2.- Hasta ahora la Administración ambiental no había iniciado expediente alguno para exigir la reparación de los daños causados. Recuerda que en estos casos hay tres obligaciones: parar de inmediato, ser sancionado, y restaurar los daños. Aquí, ni han parado, porque han extendido la explotación más años que los inicialmente previstos; el Ayuntamiento les ha sancionado con 129 millones de euros que en la vida pagarán, pues el Ayto está compinchado y en los informes contables dicen que Feixolín es deficitario; y  no se ha restituido el daño causado, pues las escombreras siguen donde están, y el carbón se lo sigue apropiando la MSP de forma ilegal.

La MSP deberá reparar los daños:
- Las escombreras ilegales, como la que está al lado de la finca de NARSIL.
- Los daños a las fincas aledañas, a la finca y braña de NARSIL y otras. Hay que incluir los daños ambientales.
- Deberá pagar las medidas compensatorias que no se hicieron, a pesar de estar en RED NATURA 2000.
- Deberá devolver el dinero de todo el carbón apropiado de forma ilegal, al menos desde 2004. Es obvio que un daño al patrimonio del Estado es esquilmar los recursos mineros de forma ilegal.
 
3.- Es la Junta la que debe promover el expediente de sanción (algo que no ha hecho hasta ahora, pues fue el Ayuntamiento), pero lo que es más importante, debe imponer las medidas restauradoras de la legalidad: art. 79 de la Ley 11/2003, de prevención ambiental de CyL. "el infractor deberá reponer la situación alterada al estado originario e indemnizar por lo daños perjuicios causados".
 
4.- Hay condena en costas a la ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL. El TSJ manifiesta cabreo contra la Junta por pasar de todo en todas las fases. Desde la denuncia el 4 de junio de 2004, hasta ahora no ha hecho nada la Junta.
 
EJECUCIÓN PROVISIONAL DE LA SENTENCIA Y EMBARGO DE LAS AYUDAS

NARSIL presentará este viernes la solicitud de ejecución provisional para que el TSJ ordene la clausura de forma inmediata de todas las actividades de la MSP -que ahora se llama Coto Minero Cantábrico-. Se solicitará además el embargo de las subvenciones que reciba la empresa del Estado para hacer frente a la responsabilidad.
 
Desde la empresa Narsil, S.L., Antonio Arias Tronco, considera que "una vez más, como desde 2005, el TSJ da la razón de forma plena a mis demandas y hay una condena explícita a la pasividad de la Junta de Castilla y León y del Ayuntamiento de Villablino", asegurando estar "muy satisfecho porque ahora será el TSJ el que exija a la MSP el pago de todos los perjuicios causados, no sólo a mí, sino a los recursos mineros y naturales de Laciana".
 
Desde Ecourban Consultores, el despacho de abogados de León que lleva la defensa jurídica, se sienten "muy satisfechos" por la nueva sentencia, "porque el TSJ por fín no sólo oredena la clausura de todas las actividades, sino porque hay una orden específica a que se abra el procedimiento de restitución de los daños causados, algo esencial, pues la Delegación de León ha querido cerrar en falso y a toda prisa este conflicto. Gran satisfacción porque hay una condena en costas a la Administración, pues el TSJ critica severamente la pasividad de la Junta de Castilla y León, en concreto, de la Consejería de Medio Ambiente, ante las denuncias de NARSIL realizadas el 4 de junio de 2004. Acreditando que dicha denuncia era absolutamente justificada".

"Es otra sentencia del TSJ que avanza claramente en la protección que los Tribunales de Justicia están haciendo del medio ambiente. Se debe lamentar el retraso en la adopción de la misma, imputable a la falta de medios y colapso que existe en la Justicia española. Es un hito más en la protección de la Cordillera Cantábrica y sus recursos, tanto naturales como mineros, que se deben explotar siempre respetando la Ley. La MSP deberá reponer y restituir todo lo que ha explotado ilegalmente", concluye el despacho de abogados.